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| Fotografía: Diario Editorial |
La senadora y precandidata presidencial asegura que Juliana
Guerrero utilizó recursos públicos sin justificación ni autorización.
La senadora María Fernanda Cabal,
férrea opositora del gobierno Petro y actual precandidata presidencial,
presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación
contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez, funcionaria del Ministerio del Interior,
por el presunto uso indebido de un avión y un helicóptero de la Policía
Nacional.
De acuerdo con la congresista, Guerrero abordó el avión PNC-0242
el pasado 19 de junio, y al día siguiente se trasladó en el helicóptero Bell
212 PNC-0495, sin que existiera una misión oficial o una justificación
institucional que respaldara estos desplazamientos. Cabal calificó el hecho
como una vulneración a los principios de legalidad y transparencia en el uso de
bienes públicos.
Según lo expuesto en la queja, la funcionaria viajó a Aguachica,
Cesar, para participar en una reunión del Consejo Superior de la Universidad
Popular del Cesar (UPC), sin contar con autorización legal, ni vinculación con
las entidades que custodian dichas aeronaves. "No se puede permitir que
los bienes públicos sean usados como si fueran privados", advirtió la
senadora, quien además solicitó una investigación disciplinaria y sanciones
ejemplares.
El propio ministro del Interior, Armando Benedetti, habría
admitido ante medios de comunicación que Guerrero no informó con claridad el
motivo de su desplazamiento y que no contaba con el permiso para utilizar
aeronaves oficiales.
Para Cabal, este caso es una muestra más del "desgreño
administrativo y el descaro con que algunos funcionarios del actual gobierno
manejan los recursos del Estado". La denuncia invoca la Ley 1952 de 2019,
que establece el deber de los servidores públicos de actuar con diligencia,
transparencia y respeto por los bienes públicos.
La Procuraduría deberá ahora determinar si existe mérito para
abrir una investigación formal. Mientras tanto, el caso ya alimenta el debate
sobre el uso de recursos estatales con fines políticos en un contexto cada vez
más tenso de cara a las elecciones de 2026.