La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal
exigió este lunes al Gobierno Nacional claridad y responsabilidad frente al
futuro de la expedición de pasaportes en Colombia, tras conocerse la
terminación del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons,
encargada hasta ahora de producir estos documentos.
La congresista radicó un derecho de petición ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores, solicitando respuestas detalladas sobre las medidas
que se adoptarán para garantizar este servicio fundamental, cuya interrupción
afectaría a miles de ciudadanos.
“Acabo de radicar derecho de petición a la Cancillería para que le
explique al país qué pasará con los pasaportes. Exigimos respuestas claras y un
plan serio que garantice este derecho fundamental a todos los ciudadanos”,
expresó Cabal en sus redes sociales.
El contrato con Thomas Greg & Sons tenía una vigencia de 36 meses,
con un valor aproximado de 800.000 millones de pesos, y preveía la
impresión de hasta tres millones de pasaportes biométricos.
Sin embargo, según informes de prensa, el gobierno decidió darlo por
terminado en septiembre de 2024, argumentando presuntas irregularidades
técnicas y operativas, así como cuestionamientos a la continuidad del proveedor
que ha manejado este proceso durante varios años.
En su solicitud, la senadora plantea preguntas clave sobre la capacidad
del Estado para continuar con el servicio, entre ellas:
- ¿Cuál es el plan
de contingencia para garantizar la expedición de pasaportes?
- ¿Está preparada la Imprenta
Nacional para imprimir más de 8.000 pasaportes diarios?
- ¿Existe un nuevo
contrato con Portugal u otra empresa extranjera? ¿Cuáles son sus
condiciones?
- ¿Qué papel ha jugado
Alfredo Saade en estas decisiones, pese a no tener competencia
directa?
La senadora también pidió información sobre el software usado para la
asignación de citas y las medidas tomadas frente a denuncias de irregularidades
hechas por la ex canciller Laura Sarabia.
Cabal advirtió que el país podría enfrentar una crisis en la emisión
de pasaportes si no se actúa con prontitud y seriedad. Recordó que el
documento es clave para el ejercicio de derechos como viajar, estudiar,
trabajar o recibir atención médica en el exterior.
La senadora también anunció que citará a debate de control político
al canciller encargado, señalando que debe haber responsabilidad política
frente a las decisiones adoptadas.
“El pasaporte es un derecho constitucional. No se puede improvisar con
la vida de millones de colombianos”, puntualizó.
Diversos gremios y ciudadanos han manifestado preocupación por la
posible suspensión del servicio y piden al Gobierno garantizar la continuidad
del trámite. En redes sociales, la discusión ha generado tendencia, y se exige
al Ejecutivo transparencia, planificación y soluciones inmediatas.