La senadora del partido
Centro Democrático y líder de la oposición en Colombia, María Fernanda Cabal,
denunció públicamente lo que calificó como un “incentivo perverso” dentro del
programa bandera del presidente Gustavo Petro: “Jóvenes en Paz”, destinado a
pagarle a jóvenes vinculados a estructuras criminales con el fin de alejarlos
de la violencia.
Según cifras reveladas por
la candidata presidencial, el programa ha destinado $137.000 millones de pesos
entre agosto de 2024 y abril de 2025, recursos orientados principalmente a funcionamiento
administrativo y operativo, no a formación académica ni generación de empleo
directo.
“Ese dinero se ha ido en
gastos de personal, acompañamiento y permanencia juvenil, con más de $91.000
millones destinados a equipos integrales, de los cuales ya se han gastado más
de $33.000 millones”, denunció Cabal.
Uno de los puntos más
críticos de la denuncia tiene que ver con la comparación entre los recursos
asignados a educación superior y los destinados a este programa.
“Mientras el Icetex debía
recibir $432.000 millones para este año, Petro destinó $566.000 millones para
su plan ‘#PagarPorNoMatar’. Es claro que la educación no es prioridad para este
gobierno; tiene más oportunidades un sicario que un estudiante”, afirmó la
senadora.
Cabal también advirtió que entre
los beneficiarios hay 4.365 menores de edad (entre 14 y 17 años), quienes han
recibido transferencias por más de $16.000 millones de pesos, y 232 jóvenes
extranjeros que han recibido más de $1.000 millones de pesos del Estado
colombiano.
El caso del sicario de
Miguel Uribe lo confirma”
La senadora citó el caso del
atentado contra el también senador Miguel Uribe Turbay, como evidencia de los
riesgos del programa. Según ella, el sicario involucrado había recibido pagos
del programa y aun así continuaba delinquiendo.
“Esto demuestra que la
estrategia de Petro no reduce la criminalidad, sino que la financia. Se trata
de un error estructural: premiar la violencia en lugar de fortalecer la
educación, el empleo y la legalidad”, concluyó Cabal.
María Fernanda Cabal exigió
a la Presidencia de la República y al Ministerio de Igualdad presentar un
informe público detallado sobre los beneficiarios, los gastos ejecutados y los
criterios utilizados para seleccionar a los jóvenes.
Su pronunciamiento se da en
medio de crecientes críticas desde distintos sectores políticos y sociales, que
ven en “Jóvenes en Paz” un programa polémico, costoso y sin resultados
verificables en términos de seguridad y reintegración.