La visita de la señora
Ministra de Transporte a Manizales, con el fin de aclarar la continuidad o no
de la concesión vial o alianza público-privada del proyecto Conexión Centro
(hoy Autopistas del Café), nos deja más dudas que certezas. No podemos alegrarnos
con las palabras del presidente Gustavo Petro cuando afirma que “las
concesiones viales que están finalizando, las siga administrando el Invías”.
Ese planteamiento es, a
todas luces, un mal negocio: los recursos que hoy se generan en la vía, bajo la
figura de la “tasa de retorno”, regresarían al presupuesto nacional para quedar
a disposición del gobierno central de turno y de las mayorías parlamentarias
del momento.
En cambio, existe un
camino jurídico y político que puede favorecer al departamento de Caldas: la
figura de delegación entre entidades públicas, prevista en el artículo 14 de la
Ley 489 de 1998 y desarrollada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-727
de 2000.
El soporte jurídico
El
artículo 14 de la Ley 489 de 1998 dispone:
“Delegación entre entidades públicas. La delegación de las funciones de los
organismos y entidades administrativos del orden nacional efectuada en favor de
entidades descentralizadas o entidades territoriales deberá acompañarse de la
celebración de convenios en los que se fijen los derechos y obligaciones de las
entidades delegante y delegataria. Así mismo, en el correspondiente convenio
podrá determinarse el funcionario de la entidad delegataria que tendrá a su
cargo el ejercicio de las funciones delegadas. Estos convenios estarán sujetos
únicamente a los requisitos que la ley exige para los convenios o contratos
entre entidades públicas o interadministrativos”.
Una salida para el territorio
Dicha norma permite que, a través de un
convenio interadministrativo, la Nación —en este caso el Ministerio de
Transporte como delegante— transfiera a la Gobernación de Caldas —como
delegataria— la administración, el mantenimiento y los proyectos de ampliación
de esta vía nacional, hoy en manos de Autopistas del Café. Esta delegación
podría pactarse por un plazo de 10 años o más, con la condición de que los
ingresos provenientes de los peajes permanezcan en jurisdicción caldense y se
manejen a través de un fondo-cuenta con destinación específica para la propia
vía.
El peor escenario
El peor escenario es que se nos imponga la
administración del Invías. Si esa es la solución, será mejor quedarnos como estamos.
Si de verdad queremos “Estatizar” los servicios del Estado, que sea en favor de
los territorios, no de las agendas centralistas de Bogotá.