Por: Octavio Cardona León - Representante a la Cámara.
Faltan
apenas dos meses y medio para que inicien oficialmente las inscripciones de
candidatos al Senado y la Cámara de Representantes. El 8 de noviembre se abrirá
el proceso y, aunque todavía estamos en lo que muchos llaman la “precampaña”
esa etapa más lenta, discreta y menos intensa que la campaña misma, el panorama
ya muestra señales preocupantes.
No
es un secreto que muchos aspirantes, incluidos congresistas en ejercicio,
recorren hoy los pueblos midiendo fuerzas y tanteando apoyos para decidir si se
lanzan o no a la contienda. Pero lo que debería ser un ejercicio democrático
está comenzando a teñirse de violencia. En menos de un mes ya se registran tres
graves hechos contra aspirantes, a Julio César Triana le dispararon con fusil
cuando se movilizaba en su camioneta, por fortuna blindada; César Cristian
Gómez también fue víctima de un ataque, al igual que Juan Pablo Salazar.
Lo
más inquietante es que ninguno de estos casos apunta a la delincuencia común,
las investigaciones señalan a estructuras de delincuencia organizada,
específicamente a las disidencias de las FARC. Si esto ocurre en precampaña,
¿Qué nos espera entonces cuando la contienda electoral entre en su punto más
álgido?
El
tema de la seguridad de los candidatos ha generado un coro de reclamos en el
Congreso. Uno de los más frecuentes apunta a la manera como la Unidad Nacional
de Protección (UNP) designa los esquemas de seguridad, escoltas que muchas
veces resultan ser completos desconocidos para los congresistas, en lugar de
aceptar propuestas de personas de confianza de cada protegido, como ha sido
tradición. No es un capricho, los de confianza saben dónde vive el político,
quiénes son sus familiares, cuáles son sus rutinas; es decir, manejan
información vital para blindar de verdad la vida del protegido.
Otro
llamado urgente es a facilitar que las reuniones políticas se realicen en
espacios cerrados, coliseos, auditorios, aulas, canchas cubiertas, donde es más
fácil garantizar seguridad y reducir la presión sobre la policía y la UNP.
Pedirlo no debería ser un lujo ni una exigencia incómoda, es una necesidad
básica para que los candidatos puedan ejercer su derecho a hacer política sin
jugarse la vida en cada encuentro.
La
seguridad y la vida de quienes aspiran a cargos de elección no pueden depender
de la suerte ni de la resistencia de un blindaje. No importa la ideología, el
color político ni el nivel de la elección, lo que está en riesgo es la
democracia misma.
Una
campaña al Congreso, a la Asamblea, al Concejo, a una JAL o a una alcaldía
debería ser, por encima de todo, una fiesta democrática. Una fiesta de
discursos, debates, propuestas y soluciones. Jamás una contienda en la que la
pólvora, las armas y las balas pretendan reemplazar la fuerza de las ideas.