En el siglo XVIII, el Barón
de Montesquieu desarrolló el fundamento de la democracia moderna: la separación
de tres poderes, entre los cuales, sin embargo, “La justicia es la virtud de
las instituciones”. Nada nuevo. Aristóteles, hace 23 siglos, afirmaba que “En
la justicia se encuentran en suma todas las virtudes” y es el centro del
ordenamiento de la sociedad.
No obstante, hoy se pretende
despojarla de sus virtudes y utilizarla para repartir impunidad o como arma de
persecución política. El autor de un magnicidio, menor de edad, pero con pleno
uso de razón, estará siete años en una “institución especializada”, condenado
por “intento de homicidio”, porque -vaya curiosidad de nuestras leyes- cuando
aceptó cargos, Miguel Uribe aún vivía y, aunque parezca insólito, la ley está
por encima de la tozuda realidad de la muerte.
Los responsables, según la
JEP, del “reclutamiento y utilización sistemática” de 18.677 menores, incluido
abuso sexual, esperan condena sentados en el Congreso y tranquilos, porque
saben que serán apenas “restaurativas”. ¿Acaso impunidad como negación de
justicia?
En 2012, el senador Cepeda
acusó al también senador Álvaro Uribe de conformación de grupos paramilitares,
a partir de testimonios de bandidos condenados, por lo cual el expresidente lo
demandó ante la Corte Suprema por manipulación de testigos.
Seis años después la Corte
cierra el caso contra Cepeda y, sorpresivamente, el acusador pasa a ser
acusado. Es la Corte de los desacuerdos con el expresidente durante su mandato
y de la cual hacía parte José Leónidas Bustos, su presidente en 2015 y hoy prófugo,
acusado de corrupción con otros magistrados: el “Cartel de la Toga”. ¿Acaso la
utilización de la justicia como venganza?
Desde entonces ha sucedido
de todo: chuzadas ilegales y falta de garantías, renuncia al Senado del
expresidente y traslado a la jurisdicción ordinaria, donde la justicia también
se había quitado la venda de su neutralidad. ¿Qué siguió? La negación de dos
solicitudes de preclusión por parte de los fiscales del caso y una tercera en
el Tribunal, terminando con un juicio oral en el que, por fin, coinciden una
fiscal y una juez que querían condenar a Uribe y no lo pudieron ocultar; juicio
plagado de irregularidades que el país vio por televisión. ¿Acaso el ataque de
una justicia sesgada?
La defensa del expresidente
apela la condena a 12 años de cárcel e interpone tutela contra la reclusión
inmediata de Uribe, que es fallada a su favor, a lo cual Cepeda contraataca
buscando anulación, mientras que, gracias a su triunfo contra Uribe, que es de
toda la izquierda, se catapulta como precandidato presidencial.
En el entretanto, el
expresidente, sus hijos y el Centro Democrático denuncian su inconformidad con
el juicio, así como la agresiva obsesión de Cepeda y sus nexos con las Farc y
la llamada Farc-política, frente a la cual ha callado la justicia durante años.
Epílogo: Una nueva demanda
del senador por injuria y calumnia contra Uribe, sus hijos y el director del
partido. ¿Acaso es selectivo el derecho a denunciar y sentirse ofendido?,
¿acaso es la justicia utilizada como arma política?
Creo en la justicia como
institución; creo, con el estagirita, que la justicia, como virtud esencial de
la democracia, debe seguir siendo el eje del ordenamiento de la sociedad. Sin
embargo, cuando se quita la venda de la neutralidad para ser selectiva o
utilizada a conveniencia, afecta gravemente la confianza ciudadana y, entonces,
cuando dejamos de creer, la justicia pasa de ser el centro del ordenamiento de
la sociedad… a la causa de su desorden.
Sin justicia no hay ley ni
orden…, sin orden no hay seguridad…, sin seguridad no hay verdadera libertad.