Una denuncia de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal ha encendido las alarmas en el país: según una investigación de su equipo, el gobierno de Gustavo Petro ha firmado contratos de prestación de servicios con personas naturales por más de $14 billones de pesos en menos de tres años.
La investigación, basada en datos oficiales de la plataforma SECOP, señala que entre el 7 de agosto de 2022 y el 16 de julio de 2025 se registraron:
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SECOP I: 669 contratos con 147 contratistas, por un valor de $5.000 millones.
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SECOP II: 382.189 contratos con 167.045 contratistas, por un valor acumulado de $14,62 billones.
En total, la cifra supera los $14 billones, lo que Cabal calificó como un gasto desproporcionado y clientelista.
“¿Aquí no hay plata para hospitales, escuelas o la seguridad de los colombianos, pero sí para pagar miles de contratos a los amigos del régimen?”, cuestionó la congresista a través de sus redes sociales.
Para la senadora, este nivel de contratación revela la verdadera prioridad del actual gobierno: alimentar la burocracia y fortalecer su maquinaria política, mientras regiones como Caldas siguen esperando mayores inversiones en salud, educación, vivienda y seguridad.
El debate no es ajeno a municipios como Chinchiná y Palestina, donde la comunidad reclama recursos para mejorar las vías rurales, reforzar la seguridad y fortalecer hospitales locales como el San Marcos y el de Palestina, que enfrentan dificultades financieras y de capacidad.
En contraste con las necesidades de los ciudadanos, el gasto en contratos en Bogotá y las entidades nacionales abre interrogantes sobre la distribución de los recursos públicos y la equidad en la inversión para los territorios.
La denuncia de Cabal se convierte así en un nuevo ingrediente en la disputa política nacional que también impacta el debate regional: ¿se está privilegiando la burocracia sobre las verdaderas necesidades de la gente?