Más de 1.900 millones de pesos del
Gobierno Nacional están comprometidos para obras de estabilización, pero los
barrios afectados aún esperan el inicio definitivo de la intervención.
En una jornada de seguimiento encabezada
por Mauricio Rey, asesor del Departamento de la UNGRD, se destacó el
trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales para
reducir los riesgos que persisten en zonas afectadas por deslizamientos en
Chinchiná.
Según la entidad, el proceso
administrativo avanza de manera positiva y ya se encuentra listo para dar paso
a la etapa de contratación por parte del Gobierno Nacional. Las obras, que se
ejecutarán con recursos superiores a 1.900 millones de pesos, estarán
orientadas principalmente a la estabilización del terreno en los
sectores impactados.
Como fase previa, la Alcaldía de
Chinchiná adelanta labores de remoción y mitigación de material con el fin
de disminuir los riesgos inmediatos. De acuerdo con las proyecciones técnicas,
y siempre que las condiciones climáticas lo permitan, se espera retirar cerca
de 15.000 metros cúbicos de tierra del área intervenida.
Una vez culminen estos trabajos, el
municipio quedará a la espera del desembolso oficial de los recursos
comprometidos para iniciar la fase definitiva de intervención. El director
municipal de Gestión del Riesgo, Juan Diego López Ospina, explicó que el
proyecto técnico, con presupuesto y especificaciones de obra, fue presentado
ante el Gobierno Nacional y aprobado el año anterior. No obstante, su ejecución
no se ha materializado debido a trámites internos del orden nacional.
Mientras los procesos administrativos
avanzan en el papel, en el territorio la situación sigue siendo crítica. Los
barrios Funvascar, San Carlos y Juan Pablo II continúan enfrentando las
secuelas de los deslizamientos de tierra e inundaciones provocadas por las
fuertes lluvias de 2025.
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El concejal Felipe Jaramillo advirtió que, mientras los recursos no sean girados, la administración municipal se encuentra limitada para avanzar en la intervención definitiva.
“Estamos pendientes de que manden los
recursos del Gobierno Nacional. Una vez lleguen, se abrirán los procesos de
contratación, que pueden tardar alrededor de 35 días, y luego comenzará una
intervención que podría durar entre seis y siete meses”, explicó el cabildante.
Ante el estancamiento del proceso,
Jaramillo presentó ante el Concejo Municipal una proposición para emitir un pronunciamiento
oficial dirigido a la UNGRD, solicitando de manera urgente el giro de los
recursos comprometidos.
En el documento se advierte que, pese a
los esfuerzos presupuestales de la Alcaldía y al respaldo de la Gobernación de
Caldas, “no ha sido posible avanzar en la ejecución de las obras debido a la
falta de disponibilidad total de los recursos necesarios”.
Asimismo, se señala que los ajustes
derivados del cambio de vigencia fiscal entre 2025 y 2026 han generado
nuevos retrasos, mientras que los tiempos contractuales aumentan la
preocupación entre las familias afectadas.
Por ahora, la comunidad continúa
esperando que los recursos lleguen y que las obras prometidas se materialicen,
en medio de la incertidumbre y la necesidad urgente de soluciones definitivas.