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| Foto: Concejo Municipal |
La Secretaría Jurídica de
Caldas no encontró motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad en el Acuerdo
017 de 2026, mediante el cual el Concejo autorizó al alcalde a contratar un
crédito por valor de 30 mil millones de pesos.
El Acuerdo Municipal 017 del
2 de octubre de 2026, mediante el cual el Concejo de Chinchiná autorizó al
alcalde, Carlos Alberto Riveros López, para celebrar un contrato de empréstito,
pignorar rentas y otorgar garantías por hasta $30 mil millones, superó la
revisión jurídica de la Gobernación de Caldas.
Así lo establece el
documento SJ 2131 del 6 de noviembre, en el que la Secretaría Jurídica
departamental manifestó que no encontró motivos de inconstitucionalidad o
ilegalidad que justificaran remitir el acto administrativo al Tribunal
Administrativo para que decidiera sobre su validez.
Este pronunciamiento
representa un respaldo jurídico al trámite del empréstito y responde a los
cuestionamientos que se habían planteado sobre la viabilidad del acuerdo. No
obstante, hasta el momento de esta publicación, ni el alcalde ni los concejales
se habían pronunciado sobre el concepto de la Gobernación. La revisión despeja
los reparos de legalidad identificados en esta instancia, aunque todavía
corresponde a la Administración adelantar los trámites necesarios para
concretar la operación de crédito y ejecutar las inversiones previstas.
Al revisar la documentación
entregada por la Alcaldía y contrastarla con el Plan Municipal de Desarrollo,
el Plan Plurianual de Inversiones y el Plan Operativo Anual de Inversiones, la
dependencia identificó correspondencia con la línea estratégica Unidos por el
desarrollo institucional, el sector Gobierno territorial y el programa de
fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública
territorial.
No obstante, recomendó a la
Administración verificar que esta inversión esté debidamente articulada con los
instrumentos de planeación municipal. También recordó que, de acuerdo con el
Decreto Ley 1333 de 1986, al momento de celebrar el contrato de empréstito, el
alcalde debe acreditar, mediante el correspondiente estudio económico, la
utilidad de las obras o inversiones que pretende financiar y su sujeción a los
planes y programas municipales.
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