Por: Juan Camilo Betancourt Grajales - Abogado.
Para
nadie es secreto que, el sistema pensional colombiano se encuentra sumido en
una profunda crisis, pues, solo uno (1) de cada cuatro (4) adultos mayores
recibe pensión, mientras que la mayoría sobrevive gracias a la solidaridad
familiar o la caridad. Ante este panorama, el gobierno actual, en cabeza del
presidente Gustavo Petro ha propuesto una reforma pensional que, en principio,
busca resolver las desigualdades estructurales y ampliar la cobertura. Sin
embargo, aunque su propuesta es, sin duda, necesaria, las dudas sobre su
sostenibilidad fiscal son cada vez más evidentes.
Por
un primer plano, la reforma introduce un sistema de pilares que combina un
componente solidario y uno contributivo, en donde el primer pilar, de carácter
solidario, está diseñado para los adultos mayores más vulnerables,
ofreciéndoles una pensión básica financiada por el Estado, buscando aliviar la
precaria situación de millones de colombianos; empero también revela una
urgencia que, si bien es comprensible, plantea interrogantes sobre su
viabilidad a largo plazo.
El
segundo pilar, semi-contributivo, otorga subsidios a aquellos trabajadores que
no han alcanzado los requisitos para acceder a una pensión, beneficiando
especialmente a quienes han cotizado entre seis y veinte años. Por un último
plano, el pilar contributivo está orientado a mejorar las pensiones de los
trabajadores formales, buscando hacer el sistema más equitativo y menos
regresivo.
De
lo anterior, es palpable en términos de proyección económica que, aunque la
reforma tiene elementos positivos y responde a una necesidad urgente de
justicia social, su implementación presenta serios riesgos fiscales, en razón a
que, el sistema de reparto, que depende de los aportes de los trabajadores
activos para financiar las pensiones de los jubilados, enfrenta un desafío
demográfico inminente, en virtud al envejecimiento prematuro y la baja
natalidad que actualmente atravesamos, creando una gran grieta entre cotizantes
y pensionados. Por consiguiente, de no tomar medidas preventivas, el
sistema podría generar un déficit fiscal creciente, con un impacto
negativo para las futuras generaciones.
Así,
el principal reto de la reforma será encontrar el equilibrio entre la justicia
social inmediata y la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La propuesta tiene
el potencial de transformar el sistema pensional, en todo caso, es claro que
también podría convertirse en una carga insostenible si no se implementan
mecanismos para garantizar su estabilidad, terminando la deuda pensional siendo
un lastre para las generaciones venideras, a menos que se tomen decisiones
claras para garantizar que el sistema no colapse bajo el peso de un gasto
público desbordado.
En
síntesis, la reforma pensional de Petro es un paso necesario hacia la inclusión
y la justicia social, pero, sin mayor duda, requiere un enfoque más profundo en
su viabilidad económica. De no abordarse con prudencia, el sistema podría no
solo perder su efectividad, sino también comprometer la estabilidad fiscal del
país a largo plazo.