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El Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil-Familia, revocó las sanciones
impuestas al alcalde de Chinchiná, Carlos Alberto Riveros López, y al jefe de
la Oficina de Planeación e Infraestructura, Mauricio Grajales Toro, en el marco
de un incidente de desacato derivado de una acción de tutela.
La decisión fue adoptada
tras revisar el proceso adelantado por el Juzgado Civil del Circuito de
Chinchiná, el cual había sancionado a los funcionarios con 20 días de arresto y
una multa de 1.231 UVB, por el presunto incumplimiento de una orden judicial
relacionada con la mitigación del riesgo en una vivienda ubicada en el barrio Villa
Colombia I.
Sin embargo, el Tribunal
declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto del 14 de mayo de 2024, al
evidenciar múltiples fallas procesales que vulneraron el debido proceso. Entre
los errores identificados se destacan: la no vinculación de todas las partes
afectadas, la falta de notificaciones claras, y la ausencia de acreditación
sobre la titularidad del predio involucrado.
“La administración ha
actuado conforme a la ley, pero hubo oposición del propietario del terreno, lo
que impidió continuar con las obras”, explicó la defensa del alcalde y su
equipo técnico, quienes señalaron además que se firmaron convenios con Corpocaldas
para atender la situación.
El fallo ordena rehacer el
trámite del incidente de desacato, garantizando la participación de todos los
actores implicados y el respeto a los derechos de defensa y contradicción.
Con esta decisión, el
mandatario local y su equipo recuperan margen de gobernabilidad y refuerzan su
respaldo institucional ante una situación compleja que involucra gestión del
riesgo y protección de derechos fundamentales.