El próximo lunes 26 de mayo, a las 2:00
p.m., el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún realizará una
audiencia virtual para decidir si concede la libertad por vencimiento de
términos a Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto
Garcés, señalados como responsables del brutal asesinato del joven
empresario ganadero Esteban Rafael Urueta González y dos de sus
trabajadores, ocurrido en septiembre de 2024.
La diligencia fue convocada por el juez Manuel
Luis Pérez Vargas, luego de aceptar la solicitud del abogado defensor Esmer
Leonel Quintero Argel, quien argumentó que se habrían superado los plazos
establecidos en el artículo 317, numeral 6 de la Ley 906 de 2004. El
juez también solicitó al Juzgado Penal del Circuito de Sahagún el expediente
completo del caso para garantizar el adecuado desarrollo de la audiencia.
Los hechos que hoy tienen en vilo a la
opinión pública se remontan a septiembre de 2024, cuando Esteban Urueta acudió
a una finca para investigar la desaparición de más de 700 reses, bajo la
administración de Petro Almanza, su hombre de confianza. Allí fue emboscado y
asesinado junto a sus empleados Fredy Beleño Acosta y Gerardo de los
Santos Marzola Coronado.
Según la Fiscalía General de la Nación,
los cuerpos fueron incinerados luego de ser atacados con armas de fuego y
objetos contundentes. Los acusados fueron capturados días después en Cartagena,
tras intentar huir de la región.
La posibilidad de que los procesados
recuperen la libertad ha generado un fuerte rechazo en el gremio ganadero,
encabezado por José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, quien
denunció públicamente el riesgo de impunidad y la lentitud del aparato
judicial.
“Esteban Urueta, joven ganadero y
empresario, fue asesinado vilmente junto a sus trabajadores. Hoy sus
victimarios podrían quedar en libertad por vencimiento de términos. ¡Exigimos
acción inmediata a @FiscaliaCol y @judicaturaCSJ!”, manifestó Lafaurie a
través de su cuenta de X.
El dirigente ha sido enfático en denunciar
que la ineficiencia judicial afecta gravemente al sector productivo rural,
especialmente en zonas vulnerables al crimen organizado, la extorsión y el
abigeato.
María Fernanda Urueta, hermana del
empresario asesinado, lamentó que, pese a la disposición de la Fiscalía, el
proceso se haya estancado por conflictos de competencia y recursos legales
interpuestos por la defensa.
“La justicia se ha visto frenada por
barreras procesales que no deberían ser excusa para permitir que estos crímenes
atroces queden impunes”, advirtió.
Pidió además la intervención urgente del Consejo
Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría,
para evitar un precedente que, en sus palabras, “pondría en riesgo a toda la
Colombia rural”.
Alerta en el sector ganadero
Organizaciones de ganaderos del Caribe y del
centro del país han expresado su respaldo a la familia Urueta y alertaron sobre
el deterioro de la seguridad en las zonas rurales. “Ya es prácticamente
imposible hacer empresa legalmente”, afirmaron en un comunicado conjunto.
La audiencia del 26 de mayo será decisiva.
Para muchos, no solo determinará el futuro judicial de los acusados, sino
también el mensaje que se envía sobre la capacidad del Estado colombiano
para enfrentar con firmeza los crímenes de alto impacto.
“Colombia no puede permitir que los asesinos
de nuestros ganaderos caminen libres por errores del sistema. ¡Este crimen no
puede quedar impune!”,
concluyó Lafaurie.