Redacción: Agencia de noticias APN
María Fernanda Cabal, una de las voces más contundentes de
la oposición al gobierno de Gustavo Petro, radicó este miércoles una solicitud
formal ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue la
reciente modificación del manual de funciones de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA).
Según la precandidata presidencial del Centro Democrático,
dichos cambios permitirían el ingreso de perfiles profesionales sin formación
técnica pertinente, como filósofos y teólogos, a cargos estratégicos en una
entidad de naturaleza eminentemente técnica.
“Acabo de radicar una solicitud formal ante la Procuraduría
para que investigue la modificación del manual de funciones de la ANLA con
ocasión de la llegada de Irene Vélez, quien pretende nombrar profesionales en
filosofía y teología. Como hicieron con el Ministerio de Minas y Energía,
prefirieron la militancia sobre los expertos técnicos”, afirmó a través de su
cuenta de X (antes Twitter), haciendo referencia a la polémica gestión de Vélez
en su paso por el Ministerio de Minas.
https://x.com/MariaFdaCabal/status/1917659736499011770
La denuncia de Cabal está acompañada de un detallado
documento en el que argumenta que la Resolución 000686 del 14 de abril de 2025,
firmada por el entonces director encargado Edilberto Peñaranda, modificó los
requisitos habilitantes para cargos como Subdirector Técnico, Asesor y
Profesional Especializado, permitiendo el acceso a personas con títulos en
Filosofía, Teología y áreas afines.
Esto, según la líder opositora, se hizo antes del
nombramiento oficial de la nueva directora de la entidad, y con el claro
propósito de “facilitar el ingreso de personas específicas” cercanas a la nueva
dirección.
“La ANLA no puede convertirse en un fortín ideológico del
gobierno”, manifiesta Cabal. “Esta entidad es responsable de emitir licencias
ambientales que requieren rigurosidad técnica, jurídica y científica. Incluir
carreras como Filosofía y Teología en perfiles diseñados para ingenieros,
biólogos, abogados ambientales o economistas es una aberración institucional”.
Sustento de la investigación
La solicitud de investigación se sustenta en los artículos
25, 26 y 27 de la Ley 1952 de 2019, que regulan la responsabilidad
disciplinaria de los servidores públicos. Cabal argumenta que permitir el
acceso a cargos técnicos a personas sin la formación adecuada puede constituir
una falta disciplinaria grave, en la medida en que viola principios como el de
mérito, especialidad e idoneidad técnica.
“El artículo 6 de la Constitución es claro: los funcionarios
públicos solo pueden actuar dentro del marco de competencias atribuidas por la
ley. Aquí estamos ante una posible extralimitación de funciones orientada a
beneficiar intereses personales o políticos”, señala el documento radicado.
Entre los cargos involucrados estarían la Subdirección
Técnica, la Subdirección de Mecanismos de Participación Ambiental y el Despacho
del Director General, áreas neurálgicas en el proceso de otorgamiento de
licencias ambientales. La inclusión de perfiles no técnicos, advierte la
senadora, podría comprometer la toma de decisiones en temas tan sensibles como
la minería, los proyectos de infraestructura o el uso del agua.
Además, Cabal advierte que esta práctica ya fue observada
durante el paso de Irene Vélez por el Ministerio de Minas y Energía, donde
—según la senadora— se nombraron personas sin experiencia en el sector
energético, privilegiando afinidades ideológicas sobre la experiencia técnica.
“Se trata de una estrategia deliberada del petrismo para infiltrar el aparato
estatal con militantes, despreciando el conocimiento técnico y profesional”,
agregó.
En su solicitud, la senadora pide
tres cosas concretas a la Procuraduría:
- Que investigue si el cambio en
el manual de funciones tuvo como finalidad beneficiar a personas
específicas con vínculos políticos o personales con la actual dirección de
la ANLA.
- Que se determine si hubo un uso
indebido del poder administrativo para desnaturalizar la función pública.
- Que, de comprobarse la falta, se impongan las sanciones disciplinarias correspondientes.
El caso ha generado una nueva controversia en torno a los
criterios de selección de personal en entidades del Estado bajo el actual
gobierno. Para muchos analistas, la denuncia pone sobre la mesa un debate
urgente: ¿es posible garantizar una administración pública técnica e imparcial
cuando los manuales de funciones son modificados para ajustarse a perfiles
ideológicos?
Por su parte, el Ministerio de Ambiente no ha emitido una
respuesta oficial, pero fuentes cercanas a la entidad aseguran que los cambios
en el manual de funciones buscan “diversificar los enfoques
interdisciplinarios” y “fortalecer la participación ciudadana”. Sin embargo,
los críticos señalan que detrás de ese discurso se oculta un proceso de
“cooptación ideológica” del Estado.
La Procuraduría General deberá ahora decidir si abre una
investigación formal. De hacerlo, este caso podría marcar un precedente sobre
los límites de discrecionalidad administrativa en la selección de personal y
sobre el respeto al principio de mérito en la función pública.