Por: Álvaro García
Velázquez - Abogado.
Todos los actos de vida tienen consecuencias, por aquello de la acción y reacción. Cuando uno aspira a un cargo de elección popular y gana, para fortuna de algunos e infortunio de otros, debe asumir con demasiada responsabilidad el cargo de representación que le ha conferido el mandato popular. Jorge Eliecer Gaitán decía que la voz del pueblo es la voz de Dios, por ende, esa voz debe ser escuchada por quienes ostentan cargos de representación en la imperfecta y paquidérmica democracia colombiana.
La coyuntura del momento nos lleva a hablar del impuesto predial en Chinchiná, con el deber de contarle a la gente a través del micrófono y de las letras, que ese impuesto es de naturaleza territorial y que quien lo administra, gestiona y define su tarifa dentro del marco de las competencias y límites que la Ley ordena, son el Concejo Municipal y la Administración Municipal de Chinchiná. Cuando un líder político toma una decisión que impacta su comunidad, debe asumir la responsabilidad de aquella y no buscar culpables en otros horizontes. La responsabilidad política de la crisis predial en Chinchiná es del alcalde y del Concejo Municipal, pues en pleno los 15 concejales votaron positivamente aprobar el Acuerdo 029 del 29 de noviembre de 2024, que en su artículo 51 reguló el tema de ese impuesto en nuestro municipio, y hay que decirlo, desconoció los parámetros que las leyes 44 de 1990, 1450 de 2011, 1995 de 2019 y 2294 de 2023 establecieron para evitar incrementos desmesurados como este.
Aunque no me aterra la capacidad de mentir que tienen los políticos tradicionales en Chinchiná, querer engañar a la población diciendo que fue el IGAC, que fue el gobierno Petro o las constelaciones celestiales, me parece bajo y ruin, por decir lo menos, y evidencia el desespero de aquellos que no les importó si las personas de los barrios humildes debían dejar de comprar una libra de carne o la remesa de la semana para pagar el exabrupto tributario adelantado desde el 3 y 4 piso del Palacio Municipal de Chinchiná en la carrera octava.
Finalmente veremos si en los próximos días el Concejo Municipal de Chinchiná, en uso de sus facultades legales, solicita al Gobierno Nacional la suspensión de la actualización catastral, como lo ha solicitado una buena parte de la población en Chinchiná, o si por el contrario, como lo dijeron en la sesión del 7 de mayo en el recinto del concejo, debían cerrar filas para blindar el proceso y evitar que prosperaran las demandas y los reclamos ciudadanos.