Por: Sergio López Arias.
Escuchar
al presidente de Colombia es comprender el riesgo al que hoy se somete nuestro
Estado Social de Derecho. Por primera vez desde la promulgación de la
Constitución de 1991, la estabilidad democrática del país y nuestra carta magna
se encuentran en grave riesgo de ser desconocidas.
El
presidente, como primera autoridad del Ejecutivo, convoca a las calles por
encima de la independencia de los poderes públicos. Desconoce la división de
poderes, así como la autonomía y la legalidad con las que debe actuar cada rama
del poder en el ejercicio de sus funciones constitucionales. Debemos
preguntarnos, con total seriedad, si el presidente se preocupa por garantizar
el Estado Social de Derecho o por preservar la visión política de su origen
ideológico en el M-19.
No
recuerdo que, desde 1991, algún presidente hubiera puesto en riesgo la vigencia
de la Constitución. Incluso figuras tan influyentes como Álvaro Uribe
respetaron la decisión de la Corte Constitucional cuando esta negó la
posibilidad de una tercera reelección. ¿Respetará el presidente Gustavo Petro
las decisiones de las altas cortes, por ejemplo frente a una eventual
declaratoria de ilegalidad de una consulta popular convocada por decreto?
En
los próximos días, deberemos prepararnos para conocer la verdadera voluntad de
quien hoy nos gobierna. ¿Es su propósito respetar la Constitución Política de
Colombia o conducirnos al debilitamiento del Estado Social de Derecho y al
inicio de una nueva dictadura?
Este
será el momento en el que sabremos si nuestras ramas del poder público, los
órganos de control, y en particular nuestras Fuerzas Armadas, respetarán
únicamente la voluntad del presidente o, por el contrario, harán valer la
supremacía de la Constitución de 1991.
Estamos
ante un punto de inflexión. El futuro de la democracia en Colombia se decidirá
no solo en los estrados judiciales, sino en la conciencia institucional de
quienes juraron defender nuestra carta política.
Hoy,
más que nunca, debemos depositar nuestra fe en los magistrados de las altas
cortes, en los miembros de las fuerzas militares, y especialmente en la
vicepresidenta de la República. En medio de la soledad de su despacho, será
ella quien deba exigir a las Fuerzas Armadas que su lealtad esté con la
Constitución y no con la voluntad personal del mandatario. Y, llegado el caso,
será también su responsabilidad asumir la presidencia para preservar el orden
constitucional y democrático por el resto del periodo.
Antes
de concluir, quiero dirigirme a los soldados y policías de Colombia: ¿juraron
proteger hasta con la vida la Constitución Política de Colombia o la figura del
presidente de turno? Si su lealtad es con el presidente y no con la
Constitución, estaríamos ante el umbral de una nueva dictadura, disfrazada de
show mediático y sostenida en la ambición de poder.
Por
último, quisiera preguntarle al presidente de la República: ¿a qué juró lealtad
el día de su posesión? ¿Al Estado Social de Derecho o a las bases ideológicas
del M-19?.
Hoy
cobra sentido y relevancia haber visto ondear las banderas del M-19 en la Plaza
de Bolívar aquel día, así como las constantes invocaciones del mandatario a esa
causa en sus alocuciones públicas. La historia sabrá juzgar si esto fue simple
nostalgia o una ruta cuidadosamente trazada hacia un nuevo modelo de poder.