La senadora y
precandidata presidencial María Fernanda Cabal elevó un llamado de urgencia al
Gobierno Nacional frente a la grave emergencia humanitaria que viven las
comunidades rurales de Ciénaga de Oro (Córdoba), tras el colapso de un puente
en el corregimiento de Punta de Yánez y la ruptura de un jarillón sobre el caño
Mocho.
En una carta enviada al
director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),
Carlos Carillo, Cabal expresó su “profunda preocupación” por la situación que
mantiene incomunicadas a las veredas de Boca Cataibre, Las Palomas, Los Mimbres
y Tilgar, donde cientos de familias campesinas enfrentan el riesgo de perder
sus viviendas y cultivos debido a las inundaciones.
“Resulta inaceptable
que, ante una situación de esta magnitud, el Gobierno nacional no haya
desplegado una respuesta inmediata y efectiva. Exijo que se destine de manera
urgente maquinaria especializada, personal técnico calificado y los recursos
necesarios para atender la emergencia”, señaló la congresista.
La líder opositora pidió
además coordinar con la Gobernación de Córdoba y la administración municipal la
habilitación de vías seguras que garanticen el acceso a salud, educación y
abastecimiento, así como la implementación inmediata de medidas hidráulicas que
restablezcan el cauce del caño Mocho y eviten nuevos desastres.
En su pronunciamiento, la precandidata presidencial reiteró la necesidad de invertir en infraestructura rural como una prioridad nacional. Cabal recordó que el 75 % de las vías terciarias del país está en mal estado, afectando principalmente a los municipios más pobres y dificultando la salida de productos agrícolas.
“Necesitamos que el
Estado llegue a la Colombia profunda con obras que den bienestar y tranquilidad
a las familias trabajadoras. Hoy nuestros campesinos siguen sometidos al atraso
y a los intermediarios, mientras el Gobierno malgasta billones en estrategias
fallidas como la ‘paz total’”, aseguró.
Cabal también cuestionó
que la corrupción en la contratación de obras ha frenado el desarrollo del
país: “El 83 % de los contratos se adjudican a un solo oferente y las
decisiones se toman por intereses políticos, no estratégicos”.
Frente a esta situación,
la precandidata presentó seis compromisos concretos para transformar la
infraestructura rural:
- Alianzas de Infraestructura entre Gobierno, entes territoriales y sector privado para garantizar recursos y ejecución eficiente.
- Destinar el 30 % del impuesto predial rural a vías terciarias, con contrapartida igual del municipio.
- Incentivos fiscales a empresas que inviertan en infraestructura rural.
- Banco de Proyectos en el Ministerio de Transporte, que priorice obras con criterios técnicos.
- Veedurías ciudadanas y gremiales para vigilar la ejecución de obras.
- Presencia del Estado en el territorio, usando las vías como ejes de seguridad y desarrollo.