Por: Octavio Cardona León - Representante a la Cámara.
En Colombia, hemos llegado a un punto crítico
en el debate sobre la responsabilidad penal de los menores de edad. Hoy, las
normas que regulan estas sanciones resultan desproporcionadas frente a la
magnitud de los crímenes cometidos. No es posible que un joven de más de 14 o
15 años, con plena conciencia de sus actos, reciba un tratamiento casi
simbólico después de acabar con la vida de otra persona.
La realidad es dolorosa, detrás de cada
víctima hay una familia rota, hijos huérfanos, padres que entierran a sus
hijos, hogares que jamás vuelven a ser los mismos. Sin embargo, el victimario
menor de edad paga lo mínimo en centros de reclusión especializados, donde
reciben tratamiento en condición de infractores, lo que en nada se parece a un
verdadero castigo. Esta desigualdad en la justicia no solo genera indignación
social, sino que también alimenta un círculo perverso, las estructuras
criminales siguen instrumentalizando a los menores porque saben que la ley los
protege más a ellos que a las víctimas.
El caso más reciente es un ejemplo claro, el
joven de 15 años que asesinó al senador Miguel Uribe recibió una condena de
apenas siete años en un centro especializado para infractores ¿Podemos decir
que esa es una respuesta proporcional frente a un crimen que truncó la vida de
una persona y generó una herida en la democracia misma?
Por esta razón, junto a otros representantes a
la Cámara hemos decidido radicar un proyecto de ley que busca aumentar las
penas para los menores de edad que cometen delitos graves. No se trata de
desconocer que son adolescentes en formación,
tampoco se trata de renunciar a los principios de resocialización, sino
de reconocer que quien comete un delito con la misma sevicia que un adulto,
debe asumir consecuencias proporcionales, pues no pueden comportarse como
grandes para cometer la falta y ser tratados como niños para recibir el
castigo.
El objetivo no es llenar las cárceles de
jóvenes, sino frenar la estrategia criminal que los utiliza como fichas
fáciles. Endurecer las penas significa enviar un mensaje claro, en este país no
se puede seguir matando, robando o destruyendo vidas escudándose en la edad.
La justicia debe equilibrar sus escalas. Hoy,
está inclinada en favor de quienes delinquen y en contra de quienes sufren las
consecuencias. Si no restauramos ese balance, seguiremos permitiendo que los
delincuentes se aprovechen de la fragilidad legal, mientras las familias
colombianas cargan con el dolor eterno de una pérdida irreparable.
El Congreso tiene una responsabilidad
histórica, legislar para que la justicia vuelva a estar del lado correcto. No
hacerlo sería seguir alcahueteando la barbarie.