Redacción: Agencia de Noticias APN
El aumento del salario mínimo para 2026 —cercano al 23 % y
que llevaría el ingreso base a cerca de $1.750.000 sin auxilio de transporte—
ha generado una ola de cuestionamientos entre economistas, consultores y
gremios empresariales, que advierten impactos en el sistema pensional, las
finanzas públicas, la vivienda de interés social, los precios y la generación
de empleo formal.
De acuerdo con la consultora Integral Soluciones Pensionales
(ISP), el ajuste representaría un incremento de $6,7 billones en la nómina de
Colpensiones frente a 2025 y un déficit adicional estimado de $3,1 billones
para el Presupuesto Nacional. Además, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima
correría el riesgo de desfinanciarse durante la presente década, mientras que
en los fondos privados el capital requerido para acceder a una pensión mínima
superaría los $525 millones por persona.
En vivienda, el consultor Diego Montañez-Herrera advirtió
que la indexación automática del salario mínimo elevaría los topes de la
vivienda VIS: de $213 millones a cerca de $262 millones para el límite de 150
salarios mínimos, y de $192 millones a alrededor de $236 millones para el tope
de 135 salarios. Si los subsidios no crecen al mismo ritmo, advierte, muchas
familias podrían quedar por fuera de los cierres financieros, generando
renuncias en masa a proyectos.
Desde los mercados financieros también hubo señales de
alerta. El exviceministro de Hacienda Andrés Pardo señaló que el anuncio
presionó al alza las tasas de los TES a diez años —más de 33 puntos básicos en
una jornada—, reflejando la preocupación por mayores presiones fiscales y un
posible endurecimiento de la política monetaria.
Para el consumo y el empleo, el fundador de Raddar, Camilo
Herrera Mora, señaló que un incremento de esta magnitud encarece los costos de
producción, presiona los precios y puede reducir las utilidades empresariales,
afectando el recaudo y dificultando el acceso de los jóvenes a su primer empleo
formal. Esto —añade— podría empujar a pequeñas empresas hacia la informalidad.
Una lectura similar tiene Juan Pablo Vieira, CEO de JP
Tactical Trading, quien advierte riesgo de un nuevo ciclo inflacionario y
pérdida de competitividad regional, debido a que el aumento no está acompañado
de mejoras en productividad, lo que limitaría el beneficio real para los
trabajadores.
El Gobierno anunció que el salario mínimo para 2026 será de
$2.000.000 incluyendo auxilio de transporte. Sin embargo, el incremento
—calificado como atípico por su magnitud— despertó fuertes reacciones de los
gremios.
Fenalco aseguró que el ajuste es “irresponsable y populista”
y cuestionó la transparencia del proceso de concertación. Según el gremio, con
un aumento del 23 %, un empleador podría terminar asumiendo alrededor de $3
millones mensuales por trabajador en costos totales.
Por su parte, la ANDI advirtió que la decisión “genera
grandes riesgos para los hogares y la economía”, al impactar inflación, empleo
y finanzas públicas. El gremio también cuestionó el cambio de metodología en la
mesa de concertación, al considerar que se desconocieron los espacios
institucionales del diálogo social.
Mientras el debate continúa, expertos coinciden en un punto:
el reto no es solo subir el salario, sino garantizar que el aumento vaya
acompañado de productividad, estabilidad económica y sostenibilidad fiscal —de
lo contrario, el costo podría terminar pagándolo toda la economía.