Por: Mateo Hidalgo Montoya - Empresario y candidato a la cámara por
el Centro Democrático.
Colombia enfrenta hoy un riesgo económico que no puede seguir
tratándose con ligereza: la estanflación. Este fenómeno, que combina alta
inflación, estancamiento del crecimiento económico y aumento del desempleo,
suele aparecer cuando las decisiones de política pública se toman más por
cálculo político que por rigor técnico. El aumento del 23% del salario mínimo
es un ejemplo claro de ello y puede convertirse en uno de los detonantes más
graves de un problema económico de largo alcance.
Aumentar el salario mínimo muy por encima de la inflación y de la
productividad no significa automáticamente mayor bienestar. Por el contrario,
cuando la economía no crece al mismo ritmo que los costos laborales, el
resultado es una presión directa sobre el empleo formal, la inversión y los
precios. En Colombia, donde más del 80% del empleo lo generan las pequeñas y
medianas empresas, un incremento de esta magnitud se traduce en menos
contrataciones, despidos y un desplazamiento acelerado hacia la informalidad.
Pero el impacto del aumento del salario mínimo no se limita al
mercado laboral. En nuestro país, una gran cantidad de costos y tarifas están
tasados directa o indirectamente en salarios mínimos, lo que genera un efecto
dominó que encarece la vida de todos los colombianos. Suben las multas, los
comparendos, los trámites notariales y registrales, el SOAT, la revisión
técnico-mecánica, la gasolina, los servicios públicos, los alimentos y, en
general, toda la canasta familiar. El resultado es que el trabajador recibe un
salario nominalmente más alto, pero enfrenta un entorno donde todo cuesta más,
erosionando rápidamente su poder adquisitivo.
Este encarecimiento generalizado de la economía obliga a las
empresas a trasladar los mayores costos a los precios finales. Así se consolida
un círculo vicioso: suben los salarios por decreto, suben los precios, cae el
consumo real, se frena la inversión y aumenta el desempleo. Ese es el camino
directo hacia la estanflación, una situación especialmente dañina para las
familias de menores ingresos, los trabajadores informales y quienes buscan
empleo.
A este panorama se suma un problema estructural aún más preocupante:
la pérdida de competitividad del país frente a otros mercados. Cuando la mano
de obra se vuelve más costosa sin ser más productiva, Colombia deja de ser
atractiva para la inversión y para la exportación. Hoy nuestra mano de obra
termina siendo más cara, menos productiva, trabaja menos horas efectivas y
enfrenta mayores cargas regulatorias. El resultado es evidente en sectores
estratégicos del agro y la exportación. Países como Perú están ganando terreno
en mercados internacionales de cítricos y aguacate, no por casualidad, sino
porque han logrado mantener costos laborales más racionales y una mayor
eficiencia productiva.
No se trata de oponerse a mejores salarios, sino de entender que
estos deben estar respaldados por productividad, crecimiento económico,
capacitación y tecnología. Subir salarios sin fortalecer el aparato productivo
es una ilusión que termina afectando precisamente a quienes se pretende
proteger. No hay política social más regresiva que aquella que destruye empleo
formal, aumenta la informalidad y encarece el costo de vida.
El verdadero compromiso con los trabajadores exige decisiones
responsables: apoyar a las MIPYMES, reducir cargas no salariales, incentivar la
formalización, garantizar estabilidad jurídica y promover un crecimiento
económico real. Defender al trabajador no es decretar aumentos insostenibles,
sino proteger su empleo, su ingreso real y el futuro económico del país. La
estanflación no aparece de la noche a la mañana; se construye con malas
decisiones. Colombia aún está a tiempo de corregir el rumbo, pero para ello se
necesita menos populismo y más responsabilidad económica.