Por: Jorge Patiño - comunicador social
Lo ocurrido en el parque principal de Palestina durante la
más reciente manifestación por el impuesto predial no puede leerse como un
hecho aislado ni como un simple acto de inconformidad ciudadana. Lo que allí se
vio —y se escuchó— deja entrever algo más profundo: un posible nacimiento de un
nuevo actor político de cara las elecciones del próximo año.
El episodio más llamativo fue, sin duda, la intervención de
Ángeles Atehortúa, funcionaria activa de la administración municipal, quien
desde la plaza pública no solo respaldó las quejas de la comunidad, sino que
lanzó duros cuestionamientos contra el alcalde Álvaro Andrés Osorio. Su
discurso, cargado criticas y apelaciones emocionales, conectó con un
sector de los asistentes, pero también encendió alertas en otros frentes.
Frases como:
“Alcalde, le vendo mi casa”
“Alcalde, a usted no le importa el pueblo”
“Cuando el alcalde dice que estamos desinformando, miente deliberadamente”
marcaron una intervención que difícilmente puede pasar como un simple acto ciudadano. Aquí surge la primera pregunta de fondo: ¿puede una funcionaria pública, en ejercicio de su cargo, participar en este tipo de escenarios y, además, confrontar públicamente a su superior jerárquico?
En Colombia, la respuesta no es absoluta. La ley protege la
libertad de expresión, pero también impone límites claros cuando se trata de
servidores públicos: el uso del tiempo laboral, la investidura y la posible
participación en escenarios con connotación política son factores
determinantes. Ángeles Atehortúa habría asistido en horario laboral y sin
autorización a un evento público y político
que no está dentro de sus funciones, por lo que podría tratarse de un posible
caso de ausentismo laboral o incluso de uso indebido de su rol institucional.
Pero el debate no termina ahí. Durante su intervención, la
funcionaria hizo referencias a propiedades del alcalde, lo que abre otra línea
de cuestionamiento: ¿de dónde proviene esa información y bajo qué condiciones
se utiliza? Aunque los datos sobre bienes pueden ser públicos, su uso desde una
posición institucional para sustentar un discurso político puede cruzar una
delgada línea ética. Por ello, la funcionaria deberá explicar el origen de esa
información, para determinar si se trata del uso de datos institucionales o de
afirmaciones sin sustento.
Ahora bien, reducir lo ocurrido a un posible exceso
disciplinario sería simplificar el fenómeno. Atehortúa no es una voz
improvisada. Con una amplia trayectoria en la administración pública,
conocimiento del funcionamiento interno y una evidente capacidad de
confrontación, su intervención dejó ver algo más: una figura que comienza a
proyectarse políticamente.
Aunque ella misma afirmó:
“Hoy, de mi parte, no tengo ningún interés político”,
su exposición, el tono del discurso y la forma de interpelar
al mandatario local han generado lecturas distintas. Algunos analistas locales
ya comparan su estilo con el de la periodista y excandidata presidencial Vicky
Dávila: directo, confrontacional y con una narrativa que mezcla denuncia y
victimización para generar empatía. Una estrategia que, bien ejecutada, puede
conectar con el electorado, especialmente en contextos de inconformidad, aunque
ese proyecto no durara mucho, cuando la ciudadanía conozca quienes la van a
respaldar.
Lo ocurrido en Palestina deja como conclusión que la
política local ya empezó a moverse, incluso desde adentro de la misma
administración. Queda por establecer si lo de Ángeles fue un acto espontáneo de
defensa ciudadana o el primer paso de una aspiración política. Eso lo
confirmará el tiempo. Por ahora, lo cierto es que su intervención no pasó
desapercibida y puso sobre la mesa una discusión que va más allá del predial:
¿Dónde termina el servidor público y dónde comienza el actor político?