Por: Oscar Fernando Cardona Suarez - Abogado.
En la situación actual la actualización catastral y en
consecuencias del impuesto predial a nivel país está creando hondas heridas en
la ciudadanía, los incrementos de los avalúos catastrales y de los valores a
pagar por los ciudadanos son producto de la política pública de actualización
que es un deber legal, pero que hoy se percibe como una sacudida económica que
erosiona la confianza en el estado.
Esta actualización no se deriva de la voluntad propia de las
administraciones, ni es un capricho administrativo de nuestros alcaldes, sino
que es una obligación legal que ha sido desatendida por anteriores
administraciones, optando por la inercia, mantuvieron los avalúos realmente
bajos y por lo tanto crearon una burbuja, una ficción, que algún día iba a
explotar.
las actuales administraciones municipales debieron asumir el
costo político de esta actualización y a pesar de que se debe reconocer que los
altos impuestos no son sólo producto de la actualización, sino que también son
producto de que se realizó sin ni quiera pensar en una menare clara de hacer
pedagogía en la ciudadanía, sino que
existieron errores al momento de estructurar la actualización, ni mecanismos de
amortiguación ha trasladado el peso del ajuste directamente al bolsillo del
ciudadano.
Es también importante destacar que, en algunos municipios
hubo una actualización completa, en otros, se realizaron planes parciales en
zonas rurales donde viven personas de alta capacidad económica no se realizó,
generando aún mayor sentimiento de desigualdad.
A la oposición se les apareció la virgen con esta situación,
ya que es caldo de cultivo para capitalizar sus aspiraciones políticas,
manifestando que esto se debe exclusivamente a la voluntad de los alcaldes,
pero, la oposición no se hace desde los gritos en plaza pública, sino desde las
ideas.
Tal vez el reto real como sociedad no está en buscar
culpables inmediatos, sino en revisar lo que se hizo, corregir lo que sea
necesario y participar en los espacios donde se discuten estos cambios, donde
se debate la actualización de la base gravable y el cambio en la fórmula de
cobranza, porque cuando un ajuste necesario se percibe como un castigo, lo que
está fallando no es solo el impuesto, sino la manera en que se gobierna