El caso se originó por una serie de señalamientos realizados en escenarios públicos y digitales, lo que motivó la interposición de una acción judicial por presunta vulneración al buen nombre. Aunque un juez de Palestina emitió un fallo en el que ordenó rectificar algunas expresiones, la decisión fue posteriormente impugnada por el accionante, quien busca que se amplíen los alcances de la medida.
En cumplimiento de la orden judicial, el concejal Vásquez publicó un mensaje en el que manifestó: “Hoy, en virtud de la decisión tomada por el juez promiscuo municipal de Palestina, frente a hechos aislados que no comprometen nuestro trabajo por la comunidad y bajo respeto de las decisiones de los jueces constitucionales, aclaro lo siguiente: la vehemencia con la cual hablamos no puede representar ofensa alguna”.
En su pronunciamiento, el cabildante también indicó: “Un juez me ha solicitado rectificar expresiones. Me retracto de cualquier expresión ofensiva en contra del ciudadano Julio César Soto, conforme al fallo del 27 de abril de 2026”. Además, aseguró que no tuvo intención de injuriar y que uno de los contenidos mencionados “no es de su autoría ni fue publicado en sus redes sociales”.
No obstante, el ciudadano Julio César Soto ha señalado que la controversia no se limita a un hecho aislado, sino que hace parte de una serie de señalamientos reiterados en el tiempo. “Tomamos acciones, el juez nos dio unas garantías, pero con la impugnación queremos que se llegue más allá. Los señalamientos continúan en el Concejo Municipal”, afirmó.
El recurso de impugnación presentado incluye como pruebas publicaciones en redes sociales desde 2022, así como intervenciones en sesiones del Concejo en 2026, con las que se busca demostrar un presunto patrón de hostigamiento.
Desde el punto de vista jurídico, el accionante sostiene que la vulneración al buen nombre no requiere una mención directa para configurarse, sino que puede darse por identificación indirecta en el contexto. Asimismo, argumenta que, al tratarse de hechos continuados, el criterio de inmediatez debe contarse desde el último episodio denunciado.
Mientras avanza el proceso, el caso sigue generando reacciones en el escenario político local, donde persisten las diferencias entre las partes, incluso después de la retractación ordenada por la autoridad judicial.