Por: Antonio José pinzón
Arévalo.
El
Departamento de La Guajira, ubicado en el extremo norte de Colombia, enfrenta una
compleja situación de seguridad que impacta profundamente
a sus comunidades, economía y desarrollo. Factores como la presencia de grupos armados
ilegales, el narcotráfico, la extorsión y la porosidad de la frontera con Venezuela han exacerbado
la inseguridad en la región. En este contexto, la senadora María Fernanda Cabal, una de
las figuras más destacadas del Centro Democrático, ha expresado opiniones
contundentes sobre la crisis y las medidas
necesarias para abordarla. Este artículo analiza la situación de seguridad en La Guajira
y las posturas de Cabal
al respecto, basándose en información reciente.
La Guajira ha sido históricamente un territorio vulnerable debido a su ubicación estratégica, que lo convierte en un corredor clave para actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico. En los últimos años, la presencia de grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, ha intensificado la violencia en la región. Un ejemplo reciente de esta inseguridad fue el atentado con un carrobomba en el peaje Alto Pino, en la vía entre Riohacha y Maicao, el 20 de junio de 2025, que dejó dos personas muertas. Las autoridades señalaron al ELN como probable responsable, lo que evidencia la capacidad de estos grupos para generar terror y desestabilizar la región.
Además, la población civil enfrenta amenazas constantes, como extorsiones y restricciones de movilidad impuestas por actores armados. La economía local, basada en gran medida en el comercio, la minería y el turismo, se ve afectada por estos incidentes, que también limitan el acceso a servicios básicos en zonas rurales. La porosidad de la frontera con Venezuela agrava el problema, facilitando el flujo de armas, drogas y actividades delictivas transnacionales. A esto se suma la precaria presencia estatal en muchas áreas, lo que deja a las comunidades desprotegidas frente a la criminalidad.
Cabal también ha cuestionado las políticas del presidente Gustavo Petro en materia de seguridad, argumentando que la falta de
acción decidida ha permitido el fortalecimiento de estructuras criminales. Por ejemplo, en el caso de Guaviare, donde disidencias
de las FARC impusieron un paro armado en 2025, Cabal comparó la situación con
el conflicto en Catatumbo y criticó la “falta
de determinación” del Gobierno para proteger a la ciudadanía. Aunque este
comentario no se refiere específicamente a La Guajira, refleja
su postura general
sobre la necesidad
de una estrategia más agresiva
contra la guerrilla, que podría aplicarse al contexto guajiro.