Redacción: Agencia de Noticias APN.
Un reciente documento de inteligencia internacional ha encendido las alarmas sobre una compleja red criminal que, según el reporte, involucra al régimen venezolano —a través del denominado Cartel de los Soles, bajo el mando de Nicolás Maduro según Estados Unidos— en una alianza estratégica con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El informe señala que esta cooperación incluye narcotráfico, lavado de dinero y operaciones ilícitas en la frontera colombo-venezolana, con vínculos que alcanzarían a Irán y al grupo Hezbolá. Las actividades ilegales abarcan el tráfico de cocaína, la instalación de campamentos y centros de entrenamiento, así como la ejecución de operaciones militares y extractivas en zonas limítrofes como el Catatumbo, Arauca y Norte de Santander.
La investigación detalla que la crisis institucional en Venezuela ha facilitado la expansión del ELN en estados fronterizos como Apure, Táchira y Zulia, donde contaría con respaldo logístico y protección de altos mandos militares. Entre las estructuras señaladas figuran miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana.
El reporte también vincula a esta red con operaciones internacionales de lavado de dinero y exportación de cocaína hacia África Occidental y Oriente Medio, coordinadas con redes asociadas a Hezbolá. La DGCIM, según el análisis, actuaría como garante de impunidad y encargada de neutralizar disidencias internas.
En el terreno, esta cooperación se traduce en un incremento de la violencia transfronteriza: ataques del ELN desde campamentos en Apure hacia Arauca, enfrentamientos con disidencias de las FARC y bandas criminales en el Catatumbo, y control social en comunidades donde se coordina el envío de cargamentos ilícitos.
El documento concluye que se trata de un “actor híbrido” que mezcla insurgencia, crimen organizado y respaldo estatal, lo que dificulta los procesos de paz en Colombia y expande el conflicto a escala regional. Entre sus recomendaciones se incluyen sanciones a los oficiales implicados, refuerzo de la inteligencia fronteriza, acciones contra las finanzas de Hezbolá y la implementación de estrategias integrales que combinen seguridad, justicia y desarrollo social.