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| Foto: Concejo Municipal |
Un balance preocupante entregó el personero municipal,
Sergio López Arias, sobre los primeros meses de gestión en Chinchiná. Las
cifras reveladas evidencian una fuerte presión sobre el sistema judicial y de
salud, además de alertas en temas como la actualización catastral, la situación
carcelaria y el funcionamiento financiero del hospital local.
Desde el 13 de enero, fecha en la que se reactivaron los
juzgados tras la vacancia judicial, hasta mediados de febrero, la Personería ha
tramitado 274 acciones de tutela. Según explicó López Arias, si el promedio
mensual se mantiene, el municipio podría cerrar el año con más de 2.200
tutelas, una cifra que terminaría por colapsar la administración de justicia.
El panorama es aún más delicado porque la mayoría de estas
acciones judiciales están relacionadas con la prestación de servicios de salud,
particularmente con la Nueva EPS. El personero aseguró que la entidad no está
cumpliendo de manera efectiva con las órdenes judiciales, lo que ha obligado a
interponer 120 incidentes de desacato en lo corrido del año. Aunque los
pacientes que logran ingresar por urgencias están siendo atendidos,
externamente persisten las dificultades en medicamentos, tratamientos y citas
especializadas, situación que ha incrementado la presión sobre el sistema
hospitalario.
En materia de víctimas del conflicto armado, la Personería
ha recibido 10 declaraciones en lo que va del año, muchas de ellas provenientes
de Antioquia y Chocó debido a la situación de orden público en esas regiones.
En tres casos se activaron solicitudes de ayuda humanitaria inmediata,
principalmente por desplazamiento forzado, con el fin de garantizar un mínimo
vital a familias que llegaron al municipio sin recursos.
Respecto al proyecto del patinódromo, actualmente suspendido
mientras se revisan aspectos técnicos relacionados con una zona de riesgo, el
personero aclaró que la entidad realiza acompañamiento preventivo y seguimiento
jurídico. No obstante, explicó que no se pueden activar mecanismos
disciplinarios mientras el contrato esté en ejecución, aunque se mantiene el
análisis detallado del proceso para brindar claridad a la ciudadanía.
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Uno de los puntos más sensibles del informe fue la situación
de las personas privadas de la libertad en el centro transitorio del municipio,
donde permanecen cerca de 72 internos. El personero denunció deficiencias en la
alimentación suministrada por el operador contratado por la USPEC, incluyendo
alimentos en mal estado y condiciones inadecuadas. Además, advirtió que no
existen espacios dignos para mujeres detenidas, quienes permanecen en
condiciones improvisadas mientras se gestionan traslados.
El balance general evidencia una alta carga institucional
para la Personería, que en lo corrido del año también ha adelantado 172
actuaciones administrativas y ha incrementado su presencia en audiencias
penales de control de garantías. Para López Arias, el reto será evitar que
estas problemáticas estructurales sigan profundizándose y garantizar la
protección efectiva de los derechos fundamentales en el municipio.