Por: Jonathan Marín Henao. Concejal de Chinchiná.
El próximo domingo los colombianos no solo acudiremos a las urnas para elegir un presidente. Elegiremos el rumbo de la Nación para los próximos años. Elegiremos entre dos visiones profundamente distintas de país, dos maneras opuestas de entender el papel del Estado, la economía, la seguridad, la salud y la libertad.
Creo firmemente en una sociedad donde la libertad individual sea respetada, donde el mérito sea reconocido, donde el trabajo honesto permita progresar y donde el Estado sea un garante de derechos y oportunidades, pero nunca un obstáculo para el desarrollo de sus ciudadanos.
Creo en la libre empresa como motor de crecimiento económico, generación de empleo y movilidad social. Creo en los emprendedores, en los comerciantes, en los empresarios y en todos aquellos colombianos que cada día arriesgan su patrimonio para producir riqueza, crear oportunidades y aportar al bienestar colectivo.
También creo en la autoridad legítima del Estado, en el respeto por la ley y en la seguridad como condición indispensable para la prosperidad. Porque no existe inversión sin confianza, no existe confianza sin seguridad y no existe bienestar social cuando los ciudadanos viven bajo el temor de la criminalidad y la violencia.
Por eso preocupa profundamente que hoy se planteen modelos políticos que consideran que el Estado debe asumir un papel cada vez más dominante en la economía, intervenir sectores estratégicos, modificar permanentemente las reglas de juego y promover transformaciones institucionales mediante mecanismos extraordinarios como una Asamblea Constituyente.
Las constituciones son acuerdos fundamentales de una sociedad democrática. Son el marco que brinda estabilidad a las instituciones y seguridad a los ciudadanos. Cuando desde el poder se insiste en cambiar las reglas para acomodarlas a proyectos políticos coyunturales, se genera incertidumbre, se debilita la confianza inversionista y se pone en riesgo la estabilidad de la Nación.
La experiencia internacional es clara. Los países que prosperan son aquellos que respetan la iniciativa privada, protegen la propiedad, garantizan seguridad jurídica y fortalecen sus instituciones. Los que fracasan son aquellos donde el poder político concentra cada vez más facultades, reduce los espacios de libertad económica y sustituye las decisiones de los ciudadanos por las decisiones del Estado.
Pero quizás la mayor preocupación para millones de colombianos se encuentra hoy en la seguridad.
Durante los últimos años hemos visto cómo amplias regiones del país han experimentado un preocupante fortalecimiento de estructuras criminales, economías ilegales y grupos armados. La llamada Paz Total, lejos de consolidar una paz efectiva y duradera, terminó enviando mensajes de debilidad institucional que permitieron a muchos actores ilegales ampliar su capacidad territorial, financiera y militar.
Mientras se multiplicaban los anuncios y las mesas de negociación, los ciudadanos seguían enfrentando extorsiones, desplazamientos, reclutamiento de menores, narcotráfico y violencia en numerosos territorios del país.
La paz verdadera no se construye debilitando la autoridad legítima del Estado. La paz se construye garantizando el monopolio de la fuerza, fortaleciendo a la Fuerza Pública, respaldando a la justicia y asegurando que quienes delinquen respondan efectivamente ante la ley.
La autoridad democrática no es enemiga de la paz. Es su principal garantía.
Y si existe un sector donde las consecuencias de una visión excesivamente estatista han sido particularmente dolorosas, ese es el sector salud.
Como médico, me resulta imposible guardar silencio frente al deterioro que han experimentado millones de pacientes colombianos durante los últimos años. La pretensión de transformar estructuralmente el sistema de salud desde criterios más ideológicos que técnicos ha generado incertidumbre institucional, dificultades financieras, desabastecimiento de medicamentos, aumento de las barreras de acceso y una profunda preocupación entre pacientes, profesionales de la salud, hospitales y clínicas.
La crisis no se mide únicamente en cifras presupuestales. Se mide en pacientes esperando procedimientos, en adultos mayores recorriendo farmacias buscando medicamentos esenciales, en familias angustiadas por autorizaciones que no llegan y en miles de colombianos que sienten que su derecho a la salud se encuentra cada vez más amenazado.
Un gobierno responsable corrige lo que funciona mal y fortalece lo que funciona bien. Un gobierno ideologizado corre el riesgo de destruir primero para intentar construir después. Y cuando se juega con la salud de millones de personas, los errores tienen consecuencias humanas incalculables.
La salud no puede ser un experimento político. Debe ser una política pública basada en evidencia, sostenibilidad financiera, capacidad técnica y protección efectiva de los pacientes.
A ello se suman los numerosos escándalos que han golpeado la confianza ciudadana en las instituciones durante los últimos años. Casos de corrupción que involucraron entidades nacionales, cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos, la crisis creciente del sistema de salud, el deterioro de las finanzas públicas y las alertas sobre el futuro energético del país han generado una profunda sensación de incertidumbre entre los colombianos.
Resulta paradójico que un gobierno que prometió ser diferente termine enfrentando cuestionamientos que hoy afectan la credibilidad institucional y la confianza ciudadana.
Los problemas estructurales de Colombia no se solucionan concentrando más poder político ni ampliando indefinidamente el tamaño del Estado. Se solucionan fortaleciendo las instituciones, promoviendo la transparencia, garantizando seguridad jurídica, impulsando el crecimiento económico y generando condiciones para que los ciudadanos desarrollen libremente sus proyectos de vida.
Necesitamos una Colombia donde la seguridad permita soñar, donde la economía permita progresar, donde la salud funcione para los pacientes y donde la democracia siga siendo el principal mecanismo para resolver nuestras diferencias.
Necesitamos un país que recupere la confianza en sus instituciones, que vuelva a atraer inversión, que genere empleo, que respalde a quienes producen riqueza y que garantice orden y autoridad dentro del marco constitucional.
El próximo domingo no debemos votar desde el resentimiento ni desde la polarización. Debemos votar pensando en las próximas generaciones.
Debemos votar por el país de las libertades y no por el de las restricciones. Por el país de las oportunidades y no por el de la dependencia. Por el país de la seguridad y no por el de la incertidumbre. Por el país de las instituciones fuertes y no por el de los experimentos permanentes.
Después de cuatro años, Colombia ya conoce los resultados de un modelo basado en la confrontación, la incertidumbre y la expansión del poder estatal. Hoy tenemos la oportunidad de corregir el rumbo.
Porque el próximo domingo no solo elegiremos un presidente.
Elegiremos si Colombia vuelve a ser un país donde la seguridad permita avanzar, la economía permita prosperar, la salud proteja a los ciudadanos y la democracia siga siendo el camino para construir un futuro mejor.
Y esa decisión marcará el destino de nuestra Nación durante muchos años