Por: Felipe Jaramillo Sánchez – Concejal de Chinchiná.
En un país como Colombia, donde la democracia debería
construirse alrededor de propuestas, programas y debates de fondo, hoy
pareciera que la política se transformó en un certamen dominado por las
emociones, las tendencias en redes sociales y los discursos polarizantes. La
discusión pública gira alrededor de simpatías y rechazos personales, mientras
los temas estructurales del país pasan a un segundo plano.
Poco o nada se escucha de parte de muchos candidatos sobre
cómo enfrentar de manera seria la crisis de seguridad que golpea diferentes
regiones, cómo rescatar un sistema de salud cada vez más debilitado, qué
medidas adoptar frente al creciente endeudamiento internacional, o cuáles serán
las estrategias reales para fortalecer el empleo, impulsar programas de
vivienda, mejorar la educación y garantizar inversión social sostenible.
La campaña presidencial parece haberse reducido a una
confrontación de extremos. En las últimas semanas, el panorama político
prácticamente quedó concentrado en dos grandes bloques: uno que representa la
continuidad de un modelo progresista radical desde el establecimiento, y otro
identificado con una derecha radical respaldada por importantes sectores
económicos y políticos tradicionales del país.
Desde una perspectiva personal, preocupa que ninguno de los
principales aspirantes proyecte verdaderamente un perfil de estadista. Gobernar
un país no es únicamente construir discursos ni protagonizar debates
legislativos. Una cosa es hacer oposición o legislar, y otra muy distinta es
administrar el Estado, coordinar equipos, ejecutar políticas públicas y
convertir las promesas de campaña en programas concretos.
Gobernar implica pasar del discurso al programa de gobierno;
del programa de gobierno al plan de desarrollo; y de allí a la ejecución
eficiente de planes, programas y proyectos que transformen realmente los
territorios. También exige capacidad para descentralizar el poder, comprender
las realidades regionales y generar indicadores medibles que permitan evaluar
resultados. Colombia necesita más ejecutores y menos oradores.
La expectativa ciudadana hoy es enorme, pero también
peligrosa. La emoción política está encegueciendo a muchos sectores de la
sociedad. Independientemente de quién gane, el país parece encaminarse hacia un
escenario de mayor fragmentación social y política: divisiones entre regiones,
clases sociales e ideologías que podrían profundizar aún más la tensión
nacional.
Incluso existe preocupación frente a lo que pueda ocurrir
después de las elecciones. El temor a protestas, confrontaciones callejeras o
escenarios de inestabilidad institucional comienza a sentirse en distintos
sectores. La polarización dejó de ser únicamente un debate político y empieza a
convertirse en un riesgo para la convivencia democrática.
Resulta igualmente preocupante el desconocimiento de muchos
ciudadanos sobre aspectos básicos del sistema electoral. Hoy todavía hay
personas que no comprenden claramente qué significa una primera vuelta
presidencial, cómo funciona una segunda vuelta o cuáles son los tiempos
constitucionales de transición. Mientras tanto, el próximo 7 de agosto se
posesionará un nuevo presidente en medio de un ambiente cargado de
incertidumbre.
Si gana el candidato de continuidad, probablemente el país
verá una transición tranquila, silenciosa y sin mayores confrontaciones
institucionales. Pero si triunfa la oposición, seguramente se abrirá un periodo
marcado por investigaciones, señalamientos y disputas políticas alrededor de
presuntos hechos de corrupción ocurridos durante los últimos años de gobierno.
A esto se suma otro elemento delicado: la creciente
participación política de funcionarios del Gobierno Nacional. Como
recientemente lo advirtió el Procurador General de la Nación, varios
integrantes del gabinete han terminado involucrados, directa o indirectamente,
en actividades de participación política, generando cuestionamientos sobre la
imparcialidad institucional en plena contienda electoral.
En medio de este panorama, también empiezan a circular
proyecciones y análisis electorales. Un reconocido asesor político se atrevió
incluso a publicar estimaciones antes de la primera vuelta presidencial,
proyectando los siguientes resultados: Iván Cepeda con el 39 % de la votación
(cerca de 8 millones de votos), Abelardo de la Espriella con el 30 %
(aproximadamente 6 millones), Paloma Valencia con el 17 % (alrededor de 3,5
millones), Claudia López con el 3 % y el voto en blanco con el 2,5 %.
Finalmente, y siendo coherente con mi posición política como
concejal del Partido Liberal, siguiendo orientaciones institucionales y
respetando las decisiones colectivas, votaré por Paloma Valencia. Sin embargo,
más allá de cualquier afinidad política, considero importante invitar a los
ciudadanos a realizar un análisis serio y responsable antes de votar.
No permita que las emociones, los algoritmos o la
manipulación mediática decidan por usted. Vote por propuestas, por capacidad,
por experiencia y por visión de país. Cada candidato representa intereses
distintos, y hoy más que nunca los medios de comunicación y las redes sociales
tienen la capacidad de distorsionar la realidad y moldear artificialmente la
opinión pública.
Nota final
Llama particularmente la atención que, en el caso de
Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, sus fórmulas vicepresidenciales, en
diferentes escenarios, parecieran mostrar mayor preparación técnica,
experiencia administrativa y capacidad de gobierno que los propios candidatos
principales que aparecen en el tarjetón electoral.