Por Sergio López Arias - Personero Municipal.
Como
reflexión, quisiera orientar la presente columna de opinión hacia los
resultados más profundos derivados del ejercicio legítimo del derecho
fundamental a la protesta pacífica que durante trece días se desarrolló en el
sector del peaje de Tarapacá 2.
Más
allá de alegrar a miles de ciudadanos y de generar preocupación en algunos
gremios económicos, los verdaderos efectos de esta movilización empiezan a
evidenciarse en las reacciones posteriores de la dirigencia política y gremial
de Caldas, Risaralda y Quindío. La protesta logró abrir un debate que durante
años permaneció reducido a escenarios técnicos y reuniones privadas, alejadas
completamente del conocimiento y participación de la ciudadanía.
Hoy,
gracias al ejercicio ciudadano, la denominada IP Conexión Centro reconoce
públicamente la necesidad de realizar ajustes a la propuesta presentada al
Gobierno Nacional. Entre esos cambios se habla de eliminar algunos peajes y
reducir las tarifas de otros dentro de un nuevo esquema de alianza
público-privada sobre la vía concesionada. En el fondo, esto significa admitir
una realidad que durante más de treinta años han padecido miles de ciudadanos:
el exceso de peajes y el alto costo de sus tarifas, especialmente para
municipios como Chinchiná.
La
firmeza de la decisión inicialmente asumida por el Gobierno Nacional frente al
rechazo del proyecto IP Conexión Centro hoy es objeto de debate. Sin embargo,
existe una realidad incuestionable: en febrero de 2027 finaliza el contrato de
concesión con Autopistas del Café, y el Gobierno Nacional deberá definir el
modelo jurídico, administrativo y financiero mediante el cual se garantizará la
operación, mantenimiento y sostenibilidad futura de este corredor vial
estratégico.
El
debate no puede reducirse únicamente a la posibilidad de una nueva alianza
público-privada. Existen otras figuras jurídicas y administrativas, como la
delegación de funciones entre entidades públicas, que podrían permitir una
administración regional de la vía y garantizar que una parte importante de los
recursos recaudados por los peajes permanezca e impacte directamente a los
departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. De lo contrario, existe el riesgo
de que dichos recursos ingresen al presupuesto nacional y terminen diluidos
entre múltiples necesidades del país, sin una verdadera reinversión regional.
Lo
más importante es que esta discusión solo se hizo pública gracias a la
manifestación. Antes, según lo expresan diversos líderes gremiales, estos temas
se venían socializando en reuniones privadas y a puerta cerrada. No en vano,
varios comunicados expedidos recientemente por gremios y sectores económicos
afirman que “están atentos a la socialización de los cambios”, dejando en
evidencia que modificaciones sustanciales ya venían siendo discutidas sin
participación efectiva de la comunidad.
Resulta
igualmente interesante analizar la posición de los gremios en cada
departamento. En Caldas, pareciera que muchos análisis continúan centrados
principalmente en las necesidades de Manizales como capital, dejando en un
segundo plano las realidades de la región centro-sur y, especialmente, del
municipio de Chinchiná. Para algunos sectores, levantar los peajes de Tarapacá
representa un riesgo; sin embargo, surge una pregunta legítima: ¿el verdadero
temor es perder un esquema de recaudo o abrir la puerta a una integración
regional más fuerte con Risaralda?
En
el caso del Quindío, la preocupación gira alrededor de la financiación de obras
estratégicas, especialmente en el tramo Calarcá – La Paila. Es entendible que
defiendan la continuidad de mecanismos contractuales que permitan ejecutar
dichas inversiones. No obstante, también debe comprenderse la inconformidad de
Caldas, particularmente de Chinchiná, que durante décadas ha soportado un
encierro vial rodeado por cinco peajes que afectan directamente su
competitividad, movilidad y desarrollo económico. Una situación similar puede
analizarse frente a algunos sectores de Risaralda.
Finalmente,
más allá de cualquier diferencia política o gremial, debe reconocerse el
resultado alcanzado por este grupo de ciudadanos y líderes sociales,
especialmente los provenientes de Chinchiná. A ellos hay que decirles gracias.
Pero también debe hacerse una reflexión de fondo: lo logrado no representa el
final del camino; apenas es el inicio de una discusión regional que durante
años fue aplazada.
Chinchiná,
dentro de la mesa de negociación con el Gobierno Nacional, debe defender su
propia voz y sus propios intereses. No podemos seguir delegando nuestras
necesidades exclusivamente a la dirigencia y a los gremios de la capital. Que
Manizales defienda los intereses de Manizales, como históricamente lo ha hecho.
Chinchiná merece construir su propio futuro y avanzar hacia la integración
regional con Risaralda, una aspiración que durante años ha sido anhelada por
amplios sectores ciudadanos.