La confrontación pública en
redes sociales entre el abogado Adolfo Enrique Tovar López y Juan Diego García tuvo
un nuevo capítulo en los estrados judiciales. El Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Chinchiná falló una acción de tutela a favor de García al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre y la honra.
La decisión judicial
concluyó que, a través de publicaciones realizadas en Facebook, Tovar vinculó
al accionante con actividades delictivas y conductas relacionadas con
criminalidad, amenazas y peligrosidad sin que existiera soporte objetivo
verificable para sustentar dichas afirmaciones.
Como consecuencia, el
despacho ordenó eliminar las publicaciones y comentarios relacionados con
García, identificado también en distintos escenarios sociales como “Boquepato”,
además de publicar una rectificación por los mismos canales en los que fueron
difundidas las acusaciones. El fallo también le prohíbe realizar nuevas
publicaciones en las que atribuya delitos al accionante mientras no existan
pruebas verificables que respalden tales señalamientos.
Sin embargo, tras conocerse
la sentencia, Tovar manifestó que no tiene intención de retractarse. “Yo no me
voy a retractar”, afirmó al referirse a la decisión judicial.
El abogado sostuvo que
dentro del proceso existe un audio en el que, según él, García lo amenaza de
muerte y aseguró que el accionante señaló que dicho material había sido
manipulado tecnológicamente. Tovar cuestionó que no se hubiera realizado un
peritaje para establecer la autenticidad de esa grabación y anunció que
continuará defendiendo sus argumentos.
La sentencia advierte que el
incumplimiento de las órdenes impartidas podría derivar en un incidente de
desacato. Además, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para
una eventual revisión si la decisión no es impugnada dentro de los términos
legales.
En la acción de tutela, Juan
diego García argumentó que varias publicaciones realizadas por Adolfo Enrique
Tovar López en redes sociales vulneraban sus derechos fundamentales al buen
nombre, la honra y la presunción de inocencia, al relacionarlo públicamente con
actividades criminales sin que existieran decisiones judiciales o pruebas
verificables que respaldaran tales señalamientos. Según el accionante, las
publicaciones trascendieron el ámbito de la opinión y terminaron afectando su
imagen personal y social ante la comunidad, por lo que solicitó la protección
de sus derechos, la eliminación de los contenidos difundidos y la rectificación
de las afirmaciones realizadas en su contra.